1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

SGAE

(…) la administración de las páginas se realiza, desde cualquier ordenador con acceso a Internet, incluso con teléfonos móviles, directamente en el servidor, donde si podrían figurar datos sobre visitas, en ningún caso sobre descargas, al no alojarse en él los contenidos, por cuanto al tratarse de enlaces la descarga se realiza entre los usuarios, correspondiendo los números que figuran en las páginas como descargas a las visitas a las mismas

A partir de esta fecha, las defensas junto con las denegaciones de cierre podrán alegar el salto cualitativo que supone el ordenar la reapertura de una página web previamente cerrada por el mismo juzgado cuyo cambio de criterio evidencia un especial grado de convencimiento en los argumentos que se le han expuesto por el demandado. Es, en síntesis, la buena noticia a extraer de este caso que PROMUSICAE inició en 2007 con acciones penales contra el webmaster de las páginas webs etmusica.com y elitemula.com, y en cuya acusación particular figuraba la SGAE.

Esta reapertura, es parte de la acción civil que, en enero de 2009, decidió iniciar la SGAE. Lo mejor del caso, aparte de lo expuesto, es que el juzgado ha condenado en costas a la SGAE y le impone además una multa por mala fe procesal. El motivo es que la defensa había advertido que con la actuación de la SGAE se desprende la “intención de evitar el derecho a la defensa” del demandado.

Via | bandaancha.eu

Bufete Almeida

El Fiscal ha acordado el sobreseimento provisional de una denuncia de Nintendo contra una central de compras de Salamanca – Grupo MovilquickS.L – que distribuía a lo largo de distintas provincias cartuchos para las consolas DS que incorporan una ranura para introducir tarjetas de memoria. Y es que dichas tarjetas pueden servir para almacenar en ellas tanto juegos como cualquier contenido propio, como documentos de texto, música o fotos. Una decisión parecida en su día a la tomada en algunos casos de ‘chips’ para PlayStation.

(…) sólo se cumple con el tipo penal cuando el sistema o instrumento tiene por finalidad específica la supresión o neutralización de la protección de un programa de ordenador; pudiendo ser empleado por los adquirentes tanto para la utilización de juegos piratas como para otras funciones legítimas de empleo de juegos legítimos de otros países, copias de seguridad de juegos originales u otros distintas funciones como el manejo de fotografías, escuchar música o ejecución de solfware libre.

El Fiscal recomienda la vía civil y Nintendo asegura que recurrirá esta sentencia en el ámbito penal.

Via | bandaancha.es

Nuevo borrador de directivas propone que las baterías de los aparatos electrónicos deben tener posibilidad de ser fácilmente reemplazables sin necesidad de uso del servicio técnico.